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| El acuerdo creado por el Gobierno y la patronal farmacéutica garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca |
Spanish Revolution, una página "anticapilatista" de Facebook que, a día de hoy, tiene más de un millón cuatrocientos mil seguidores, comenta la noticia así:
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| Facebook Spanish Revolution |
Los comentarios de los seguidores de la página, todos mega-expertos en economía, son, normalmente, para echarse a temblar.
Uno de ellos dice lo siguiente:
Veamos:
Estas cosas pasan, aquí en España, no porque las grandes empresas sean las que de verdad nos gobiernan. Pasan porque la descentralización del sistema autonómico es más fachada que realidad; y fundamentalmente, porque el sector farmacéutico está completamente intervenido por los gobiernos. El sector es prácticamente socialista. El resultado no puede ser otro: una prolongación política del gobierno. Por eso la gente piensa que nos gobiernan, entre otras grandes empresas, las multinacionales farmacéuticas. No existe mercado libre en lo que respecta a terapias o tratamientos médico/farmacéuticos. Y además, está prohibida su publicidad.
En palabras del profesor Gabriel Calzada: "resulta paradójico que uno de los efectos perversos menos conocidos de este sistema estatista de financiar y dirigir la sanidad es la abolición de uno de los verdaderos derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión en su vertiente de derecho a informar al prójimo. Y es que por totalitario que pueda parecer, en la U.E. existe prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas para las que el estado decide que sólo pueden ser vendidas mediante prescripción médica... Esto mantiene a millones de ciudadanos europeos desinformados sobre las diferencias entre fármacos o la existencia de nuevos y mejores medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades".
"Más derechos inútiles de voto por menos derechos personales decisivos", dijo Escohotado.
Respecto a los precios, como demuestra el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en la comunidad socialista, en ausencia de mercado, el gobierno no sabe, ni puede saber cual es el importe monetario de tratamientos y fármacos que él mismo ha de autorizar. A los políticos les queda únicamente el procedimiento burocrático sometido a un presupuesto para mantener bajo control la demanda infinita de "sanidad pública"; y en todo caso, movidos por sus propios incentivos e intereses electorales y personales.
Las empresas farmacéuticas no tienen como clientes directos a los pacientes. Su principal cliente es el gobierno. Y, como es natural, puesto que ningún gran empresario ya establecido es ni mucho menos liberal, las empresas intentan sacar la mayor tajada posible de su principal cliente - el gobierno- y no sólo en dinero, sino también en regulaciones contra cualquier futura competencia, como las patentes (monopolios creados por los gobiernos). Las multinacionales farmacéuticas actúan conocedoras de la premisa consistente en que su principal cliente [el gobierno], depende de otros clientes: los destinatarios de los fármacos, es decir, los electores; quienes, a su vez, pueden despedir al gobierno en las próximas elecciones si éste no les proporciona los mejores medicamentos y/o tratamientos conocidos por cualquier medio (de ahí la prohibición de la publicidad directa). Solo una pequeña parte de los fármacos pueden ser ofrecidos directamente al consumidor/paciente sin receta médica, es decir, sin autorización de los agentes [médicos] designados por los gobiernos. Y todos han de ser aprobados por agencias estatales. Éstas deciden qué es y qué no es terapéutico. El gobierno, lo quiera o no, una vez que fármacos y terapias han superado sus propios controles, se convierte en asociado de las compañías farmacéuticas. Enfrentarse judicialmente a una multinacional farmacéutica supone, de facto, enfrentarse a la Administración Pública que aprobó y autorizó su fármaco o terapia; supone un acto titánico, que se dilatatá en el tiempo, y probablemente inutil; algo así, como darse cabezazos contra la pared. El consumidor/paciente, no sólo pierde como aliado a quien habría de proteger sus derechos defendiendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico [un gobierno limitado y tribunales de justicia garantes de los derechos de los ciudadanos], sino que ha de enfrentarse a él, siendo éste, además, juez y parte.
- 1 -Nos gobiernan los gobiernos y no otros, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, mientras no se demuestre que los políticos que nos gobiernan son complétamente imbéciles, no hay razón alguna para creer que no gobiernan (incluso cuando son sobornados).
- 2- Y el concepto de lobby no es antagónico con la democracia. Todo lo contrario. Es resultado lógico de la democracia y del actual Estado intervencionista.. En cuanto autorizas, democráticamente, a los políticos a legislar sobre asuntos que sólo son de nuestra propia incumbencia individual, inevitablemente surgirán grupos de presión que obtendrán legislación favorable a sus intereses y perjudicial para los consumidores.
Sector muy intervenido. Prohibición de publicidad
Estas cosas pasan, aquí en España, no porque las grandes empresas sean las que de verdad nos gobiernan. Pasan porque la descentralización del sistema autonómico es más fachada que realidad; y fundamentalmente, porque el sector farmacéutico está completamente intervenido por los gobiernos. El sector es prácticamente socialista. El resultado no puede ser otro: una prolongación política del gobierno. Por eso la gente piensa que nos gobiernan, entre otras grandes empresas, las multinacionales farmacéuticas. No existe mercado libre en lo que respecta a terapias o tratamientos médico/farmacéuticos. Y además, está prohibida su publicidad.
En palabras del profesor Gabriel Calzada: "resulta paradójico que uno de los efectos perversos menos conocidos de este sistema estatista de financiar y dirigir la sanidad es la abolición de uno de los verdaderos derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión en su vertiente de derecho a informar al prójimo. Y es que por totalitario que pueda parecer, en la U.E. existe prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas para las que el estado decide que sólo pueden ser vendidas mediante prescripción médica... Esto mantiene a millones de ciudadanos europeos desinformados sobre las diferencias entre fármacos o la existencia de nuevos y mejores medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades".
"Más derechos inútiles de voto por menos derechos personales decisivos", dijo Escohotado.
Precios
Respecto a los precios, como demuestra el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en la comunidad socialista, en ausencia de mercado, el gobierno no sabe, ni puede saber cual es el importe monetario de tratamientos y fármacos que él mismo ha de autorizar. A los políticos les queda únicamente el procedimiento burocrático sometido a un presupuesto para mantener bajo control la demanda infinita de "sanidad pública"; y en todo caso, movidos por sus propios incentivos e intereses electorales y personales.
Las empresas farmacéuticas no tienen como clientes directos a los pacientes. Su principal cliente es el gobierno. Y, como es natural, puesto que ningún gran empresario ya establecido es ni mucho menos liberal, las empresas intentan sacar la mayor tajada posible de su principal cliente - el gobierno- y no sólo en dinero, sino también en regulaciones contra cualquier futura competencia, como las patentes (monopolios creados por los gobiernos). Las multinacionales farmacéuticas actúan conocedoras de la premisa consistente en que su principal cliente [el gobierno], depende de otros clientes: los destinatarios de los fármacos, es decir, los electores; quienes, a su vez, pueden despedir al gobierno en las próximas elecciones si éste no les proporciona los mejores medicamentos y/o tratamientos conocidos por cualquier medio (de ahí la prohibición de la publicidad directa). Solo una pequeña parte de los fármacos pueden ser ofrecidos directamente al consumidor/paciente sin receta médica, es decir, sin autorización de los agentes [médicos] designados por los gobiernos. Y todos han de ser aprobados por agencias estatales. Éstas deciden qué es y qué no es terapéutico. El gobierno, lo quiera o no, una vez que fármacos y terapias han superado sus propios controles, se convierte en asociado de las compañías farmacéuticas. Enfrentarse judicialmente a una multinacional farmacéutica supone, de facto, enfrentarse a la Administración Pública que aprobó y autorizó su fármaco o terapia; supone un acto titánico, que se dilatatá en el tiempo, y probablemente inutil; algo así, como darse cabezazos contra la pared. El consumidor/paciente, no sólo pierde como aliado a quien habría de proteger sus derechos defendiendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico [un gobierno limitado y tribunales de justicia garantes de los derechos de los ciudadanos], sino que ha de enfrentarse a él, siendo éste, además, juez y parte.
En Occidente, todo esto empezó con la
Federal Food, Drug and Cosmetic Act de 1938. En palabras de Dr. Thomas Szasz:
"esta ley incapacitaba tanto a pacientes como a médicos para juzgar
legítimamente que debería considerarse "terapéutico". Lo que
resultaba decisivo, por el contrario, era la ciencia médica de los estatistas.
Los burócratas del gobierno se convirtieron en árbitros últimos de qué eran
drogas terapéuticas y tratamiento médico legítimo en general. En consecuencia,
el paciente perdió su derecho a las drogas tradicionalmente disponibles en el
libre mercado; el médico perdió su libertad para tratar a su paciente como
juzgara apropiado, sometido tan sólo al consentimiento de éste; y la profesión
médica perdió su integridad como organización independiente de los antojos
políticos de tribunos populistas"
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Bonus Track
Hagamos un curioso ejercicio. Voy a reproducir el texto íntegro del artículo de arriba, pero, cambiaré todas las referencias a las "multinacionales farmacéuticas" y en su lugar pondré "gran industria alimentaria", y en lugar de poner "fármacos de marca" y "fármacos genéricos", pondré "alimentos de marca" y "alimentos de marca blanca", o similar (los cambios están en negrita). No obstante, se puede emplear cualquier otro sector, a gusto del consumidor, desde los productores de neumáticos hasta los fabricantes de teléfonos móviles, etc. En cualquier sector que monopolice el Estado se producirá el mismo problema de precios, la misma escasez, los mismos desequilibrios y el mismo problema de corrupción. Estamos acostumbrados a que el proveedor de sanidad sea el gobierno sin percatarnos que para reivindicar un buen sistema sanitario es condición necesaria mantenerse vivo. Quiere esto decir que la provisión de alimentos es preferente a la provisión de sanidad. Sin embargo en el sector alimentario, la intervención estatal es mucho menor que en el sector sanitario y la gente no reclama, al menos en Europa, su nacionalización. La abundancia de cualquier bien o servicio es inversamente proporcional al grado de intervención estatal en el sector de que se trate.
Texto cambiando sector farmecéutico por sector alimentario:
El Gobierno obliga a las comunidades
autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la
patronal alimentaria que, a la
postre, actúa como blindaje de los alimentos
de marca y freno para los más económicos alimentos de marca blanca. Sin
firma no hay fondos para sostener los servicios autonómicos.
El Ministerio de Hacienda introdujo este nuevo requisito
obligatorio para autorizar los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) acordados para 2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad
Valenciana. El convenio promovido por Hacienda y el Mº de Agricultura y Alimentación garantiza un nivel de gasto
público anual en productos de la Gran Industria
Alimentaria. Un traje a medida de las empresas
de alimentación incluidas en esta patronal.
Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo autorice los
fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías gastan en estos alimentos de marca menos que el
crecimiento del PIB, las comunidades autónomas deben compensar a las empresas.
Si es al revés, debería ser la industria
alimentaria los que compensaran. De esta manera el mensaje es "gasta
en estos productos porque si vas a otras alternativas serás penalizado",
explican algunos de los departamentos afectados.
Se focaliza así la inversión en un sector. Este documento
significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y
refuerza un statu quo a la medida de la gran industria alimentaria, cuentan desde las consejerías.
Aunque el acuerdo recoge literalmente que "se
facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen", es decir,
deja patente su carácter voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de
financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen
a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del
convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como
condición para acceder a la financiación en la asignación "para los dos
primeros trimestres de 2017", según explicó Hacienda.
Carmen Montón, consejera
de Alimentación valenciana –una de las administraciones incluidas– resume
que esta obligación "pone entre la espada y la pared a autonomías que
tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación".
El bloqueo
¿Por qué se convierte en definitiva en un bloqueo para los genéricos de marca blanca? Si una administración alimentaria opta por
tratamientos a base de genéricos (alimentos
equivalentes con las mismas propiedades, pero ya libres de patentes lo que permite
su abaratamiento), esa inversión económica no cuenta para cubrir el
compromiso con industria alimentaria
por lo que una medida, en principio, de racionalización de gasto público se
convertiría en una obligación de compensar a esas empresas por no llegar al
nivel comprometido.
Vanessa López, directora de la Organización de la Alimentación por derecho explica que el convenio
entre el Gobierno y Agroindustria "está
enfocado para mantener el gasto alimentario
de productos alimentarios no genéricos
de manera constante". Pone el ejemplo de que "el presupuesto público
en alimentación ha podido recortarse,
pero el de los productos alimentarios
de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con nuevos alimentos".
Otras de las quejas de los que han debido entrar en el
acuerdo para obtener la financiación que sostenga los servicios autonómicos es
que, a la hora de elegir una dieta
para un paciente y analizar cuánto cuesta con este producto de marca y cuánto con su equivalente genérico, los
números suelen reflejar que el producto de marca hace el tratamiento/dieta más
caro. Pero, en no pocas ocasiones, es el que acaba imponiéndose.
El precio de los alimentos
Vanessa Lopez dice que muchos de los alimentos de marca "tienen un precio abusivo que no tienen
nada que ver con los costes reales de investigación. No se trata de estar en
contra de garantizar un beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%".
Este precio se decide en España de una manera, al menos,
poco transparente. Desde luego, es el Gobierno quien ejerce esa potestad para
todos los productos que reciben subvención pública mediante la Comisión
Interministerial de Precios de los Alimentos. Este órgano está presidido por el secretario general de
Alimentación y su vicepresidente debe ser el director general de la Cartera
Básica de Servicios. El resto son representantes del Ministerio de Economía,
Hacienda e Industria además de tres enviados de las comunidades. "El
precio lo pone el Gobierno y lo pagan las regiones", analiza López.
La extensión de los alimentos
genéricos se topa con barreras en diferentes niveles. Este convenio representa
una, pero hay más. Al fin y al cabo, el mercado de los alimentos es un nicho de
más de xx.xxx mil millones de euros al año en España. Los genéricos solo
suponen el 20%, según la patronal de sus empresas productoras.
Su incorporación se ve taponada por la creación de
genéricos por parte de los propias industrias
de marca, las triquiñuelas para extender los periodos de vigencia de las
patentes que dan exclusividad a las
empresas productoras de alimentos o incluso el pago a empresas para que no
saquen al mercado sus genéricos. La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia está llevando a cabo una investigación, según explicó, para
establecer si los productores
alimentarios están desarrollando una estrategia en España destinada a
bloquear la entrada de los genéricos de marca blanca (y el consecuente
abaratamiento de los precios).
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