Despues de esta segunda e infame comparecencia del “Psicópata
de la Moncloa” una vez que la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto de
manifiesto de nuevo toda la corrupción sistémica del régimen partitocrático, hay que insistir en esto una y otra vez.
García-Trevijano advirtió que la Constitución del 78
significaba la creación de una partitocracia donde iba a ser imposible gobernar
sin corrupción. En el contexto de las obras de Antonio García-Trevijano, las
expresiones: "En una partitocracia, la corrupción es factor de gobierno” ó
“No es posible gobernar sin corrupción en un sistema partitocrático” implican
que la corrupción no es un mero subproducto o una anomalía en el régimen
partitocrático, sino un elemento estructural y funcional que sostiene y posibilita
el ejercicio del poder en dicho sistema. Al usar esta expresión, Trevijano
subraya que la corrupción es una condición inherente al funcionamiento de la
partitocracia, un componente esencial que permite a los partidos políticos
(subvencionados por el Estado) mantener su control y operar eficazmente dentro
de un marco donde priman los intereses partidistas sobre los del bien común.
Específicamente, "factor de gobierno" significa que la corrupción
actúa como un mecanismo operativo que facilita la gobernabilidad dentro de la
partitocracia.
Podemos describir el encadenamiento de hechos que ilustra cómo la corrupción opera como un engranaje esencial en este sistema:
- Concentración del poder en los partidos: En una
partitocracia, los partidos controlan las instituciones (ejecutivo, legislativo
y, en menor medida, judicial) debido a la falta de separación real de poderes.
Las leyes electorales, como el sistema de listas (tanto da cerradas como
abiertas), aseguran que los cargos públicos dependan de la cúpula del partido,
no de los ciudadanos.
- Necesidad de cohesión interna: Para mantener la disciplina
dentro del partido, las élites partidistas distribuyen recursos, cargos
públicos, favores (clientelismo, nepotismo) entre sus miembros. Esto crea una
red de lealtades basada en beneficios personales, no en principios ideológicos
o mérito.
- Pactos interpartidistas para el reparto de poder: Los
partidos, al compartir el control del sistema, negocian acuerdos (explícitos o
implícitos) para repartirse cuotas de poder, como ministerios, empresas
públicas o contratos. La corrupción facilita estos pactos al permitir el
intercambio de favores o recursos, consolidando un equilibrio que evita la
competencia real.
- Control de las instituciones y recursos públicos: Los
partidos utilizan su influencia para manipular licitaciones, asignar contratos
o desviar fondos públicos hacia aliados o redes clientelares. Esto no solo
enriquece a las élites, sino que refuerza su capacidad de premiar lealtades y
castigar disidencias.
- Supresión de la oposición y fiscalización: La corrupción
debilita los mecanismos de control (como la prensa libre o un poder judicial
independiente), ya que los partidos cooptan estas instituciones mediante
favores o presiones. Esto reduce la rendición de cuentas, permitiendo que las
prácticas corruptas se perpetúen sin consecuencias.
- Estabilidad del sistema a través de la corrupción: La red
de intereses creada por estas prácticas asegura que los partidos no tengan
incentivos para reformar el sistema, ya que su poder depende de mantener este
statu quo. La corrupción actúa como un lubricante que evita fricciones internas
y externas, estabilizando el régimen.
La corrupción sistémica, por tanto, no es un defecto
corregible, sino un mecanismo estructural sin el cual el propio sistema
colapsaría, ya que los partidos dependen de ella para gobernar y perpetuarse.
Al decir que es "imposible gobernar sin corrupción", Trevijano
subraya que, en la partitocracia, intentar eliminarla completamente
desestabilizaría el sistema, porque los partidos perderían las herramientas que
usan para mantener su dominio.
Una auténtica democracia representativa basada en elecciones
uninominales para el legislativo, elección directa del presidente del ejecutivo
y un sistema de control mutuo con posibilidad de destitución mutua entre
poderes transformaría la corrupción de un fenómeno sistémico, propio de la
partitocracia, en un problema individual y esporádico. Y ¿cómo este sistema desmantelaría los
mecanismos estructurales de corrupción? Pues, mediante el encadenamiento de los
siguientes elementos institucionales:
- Elecciones uninominales para el legislativo: En un sistema
de elección uninominal, los representantes son elegidos directamente por los
ciudadanos en distritos específicos, no por listas cerradas controladas por los
partidos. Esto rompe el monopolio de las cúpulas partidistas, ya que los
candidatos dependen de los votantes, no de la lealtad al partido. Los
representantes, al rendir cuentas directamente a sus electores, tienen menos
incentivos para participar en prácticas corruptas como el clientelismo, ya que
su reelección depende de su desempeño y no de favores partidistas. Además, cada
oficina de distrito electoral podría revocar el mandato de su representante
antes del fin de la legislatura, enviando al representante suplente.
- Elección directa del presidente del ejecutivo: La elección
directa del presidente asegura que este no sea un producto de negociaciones
entre partidos, sino que responda directamente al mandato popular. Esto elimina
los pactos interpartidistas que, en la partitocracia, fomentan la corrupción al
repartir cuotas de poder (cargos, contratos, etc.). Un presidente elegido
directamente tiene un incentivo para gobernar en interés del pueblo, ya que su
legitimidad no depende de alianzas partidistas.
- Control mutuo entre poderes: La separación efectiva de
poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) con mecanismos de control mutuo
(como la capacidad del legislativo de censurar al ejecutivo o del ejecutivo de
vetar leyes, sujetos a contrapesos) impide que un solo poder concentre el
control. Esto dificulta que los partidos cooptan instituciones para encubrir
prácticas corruptas, ya que cada poder actúa como fiscalizador del otro. Por
ejemplo, un legislativo independiente puede investigar al ejecutivo, y un
judicial autónomo puede sancionar abusos sin presiones políticas.
- Posibilidad de destitución mutua: El legislativo puede
destituir al presidente por faltas graves, pero solo a cambio de su propia
autodisolución y convocatoria de elecciones. Asimismo, el presidente puede
disolver el legislativo, pero solo a cambio de su propia dimisión y
convocatoria de elecciones presidenciales separadas. Esto disuade, en gran
parte, a los cargos públicos de incurrir en corrupción, ya que el riesgo de ser
destituidos por otro poder independiente es real al tiempo que conlleva un
costo significativo para el poder destituyente que al depender directamente de
la inmediata elección popular tendrá incentivos para actuar correctamente a la
hora de disolver el otro poder.
- Reducción de la corrupción sistémica a fenómenos
individuales: En este sistema, la corrupción deja de ser un engranaje
estructural porque:
- Los partidos pierden la financiación estatal y el control monopolístico sobre las instituciones, eliminando redes clientelares y pactos basados en favores.
- La representación directa y la rendición de cuentas al ciudadano dificultan el uso de recursos públicos para fines partidistas.
- La independencia judicial asegura que los casos de corrupción sean investigados y sancionados sin interferencias políticas.
- La transparencia derivada de la competencia entre poderes y la vigilancia ciudadana (oficinas de distrito) reduce las oportunidades para prácticas corruptas generalizadas.
En consecuencia, la
corrupción se limita a casos individuales, como actos aislados de funcionarios
que, al carecer del respaldo sistémico de la partitocracia, enfrentan un mayor
riesgo de detección y castigo. Según Trevijano, este modelo de democracia
formal, inspirado en principios republicanos, desmantela las condiciones que
hacen de la corrupción un "factor de gobierno", reemplazándolas por
un sistema donde la rendición de cuentas y la representación genuina priman
sobre los intereses de las élites partidistas.
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Vídeo: Rubén Gisbert (despachándose a gusto contra el
Psicópata) reafirma que LA CORRUPCIÓN ES FACTOR DE GOBIERNO EN UNA
PARTITOCRACIA.
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