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sábado, 9 de julio de 2016

Elección política y elección en el mercado (Extracto de "Poder y Mercado" de Murray N. Rothbard)


Consultorio Enfermería Madrid 27 de junio de 2016 
El 26 de Junio de celebraron Elecciones Generales


Imagina que entras en la plaza del mercado a hacer la compra y te encuentras un cartelito similar a este de la foto de arriba, que ponga algo así:


  • "Queremos informar que a partir de hoy no se admiten opiniones ni reclamaciones sobre los productos cárnicos, lácteos, charcutería, pescadería, hortalizas y panadería; ni quejas de ninguna clase sobre la venta y atención al cliente en los puestos de este mercado. No se admiten reclamaciones sobre colas ni sobre reducciones de personal de índole empresarial. Esto es un mercado de abastos, no un confesionario ni un lugar para quejarse del pésimo servicio ofrecido por los propietarios, gerentes y empleados de los establecimientos de venta directa al público. El momento para mostrar descontento será dentro de 4 años, en las próximas elecciones generales".

Bien … ¿Seguirías comprando en esas condiciones los próximos 4 años? ¡NO! ¿verdad? Ahora imagina que los propietarios y gerentes de los establecimientos de esa plaza de abastos te obligan a punta de pistola (es decir, mediante normas jurídicas), a comprar todos los días en ese mercado, te guste o no, bajo severas sanciones si te resistes. O bien, imagina que te dispensan de la obligación de comprar, pero a cambio del pago obligatorio de una cantidad anual o mensual. Bien, pues, … esa es la diferencia entre los medios políticos y los medios económicos. De acuerdo con Oppenheimer, uno, el método de la producción y el intercambio voluntario, el método del libre mercado, es el “medio económico”; el otro, el método del robo mediante el uso de la violencia (normas jurídicas), lo denominó el “medio político”. Este último es claramente parasitario, dado que requiere de una producción previa que el explotador pueda confiscar, y éste, en lugar de sumar su aporte a la producción total en la sociedad, sustrae sus recursos. Oppenheimer, entonces, procedió a definir al Estado como la “organización de los medios políticos”, a saber, la sistematización del proceso predatorio sobre un área territorial dada.




Extracto de Poder y Mercado
(Votación Política y votación en el Mercado)

Antes de desarrollarse la ciencia económica, se pensaba que el intercambio y el mercado siempre beneficiaban a una parte a expensas de la otra. Esta es la raíz de la versión mercantilista del mercado... [..]... La economía ha demostrado que esto es una falacia, pues en el mercado ambas partes de un intercambio se benefician.
Por tanto, en el mercado no puede haber explotación...[..]... Todas las situaciones de intervención del gobierno, en contraste con el libre mercado, son casos en los que un grupo de hombres gana a costa de otros...[..]... El libre mercado es una sociedad en la que todos los intercambios son voluntarios. Puede entenderse mejor como una situación en la que nadie agrede a ninguna persona o propiedad ...[..]...
Sin embargo, el ser humano no es omnisciente...
La gente puede esperar beneficiarse - ex ante - cuando toma una decisión, pero ¿se benefician realmente de sus resultados? - ex post - ...[..]..
Siempre puede haber errores en el camino del ante al post, pero el libre mercado está configurado de tal manera que este error se reduce al mínimo. En primer lugar, hay una prueba rápida y fácil de entender que indica al emprendedor, así como al que recibe el ingreso, si tiene éxito o fracasa en la tarea de satisfacer los deseos del consumidor. Para el emprendedor, que carga con el costo principal de ajustarse a los inciertos deseos del consumidor, la prueba es rápida y segura: pérdidas o ganancias. Grandes beneficios significan que está en el camino correcto; pérdidas, que sigue una vía errónea. Así, las pérdidas y ganancias estimulan rápidamente los ajustes a las demandas del consumidor y al mismo tiempo realizan la función de quitar el dinero de manos de los malos emprendedores y ponerlo en las de los buenos. El hecho de que prosperen y ganen capital los buenos emprendedores y de que los malos desaparezcan asegura siempre un ajuste más suave del mercado a los cambios de las condiciones. Igualmente, en menor medida, los factores de tierra y trabajo se mueven, de acuerdo con los deseos de sus propietarios, hacia mayores ingresos y más factores productivos de valor se remuneran en la misma proporción. También los consumidores asumen riesgos propios de los emprendedores en el mercado. Muchos críticos del mercado, aunque aceptan reconocer el conocimiento de los emprendedores capitalistas, lamentan la ignorancia generalizada de los consumidores, que impide que obtengan la utilidad ex post que esperaban obtener ex ante. Típicamente, Wesley C. Mitchell tituló uno de sus famosos ensayos «El arte retrógrado de gastar dinero». El profesor Ludwig von Mises ha apuntado certeramente la paradójica posición de tantos «progresistas» que insisten en que los consumidores son demasiado ignorantes o incompetentes para comprar productos inteligentemente, al tiempo que alaban las virtudes de la democracia, donde la misma gente vota a políticos que no conocen y políticas que difícilmente entienden. De hecho, la realidad es precisamente la contraria de la ideología popular. Los consumidores no son omniscientes, pero tienen formas directas de adquirir conocimientos. Compran una determinada marca de cereales y, si no les gusta, no la vuelven a comprar. Compran cierto tipo de automóvil y, si no les gusta su rendimiento, se compran otro. En ambos casos comunican a sus amigos sus nuevos conocimientos. Otros consumidores acuden a organizaciones de consumidores, que pueden asesorarlos por adelantado. En todo caso, los consumidores tienen resultados directos de pruebas que les guían. Y la empresa que satisface a los consumidores se amplía y prospera, mientras que la que no lo hace debe cerrar su negocio. Por otro lado, votar a políticos y normas legislativas es una materia completamente diferente. No hay pruebas directas de éxito o fracaso en absoluto, ni pérdidas y ganancias, ni consumo satisfactorio o insatisfactorio. Con el fin de comprender las consecuencias, especialmente las indirectas, de las decisiones gubernamentales, es necesario entender una cadena compleja de razonamiento praxeológico, que se desarrollará en este libro. Muy pocos votantes tienen la capacidad o el interés de seguir ese razonamiento, especialmente, como apunta Schumpeter, en situaciones políticas. Pues en estas situaciones la diminuta influencia que una persona tiene en los resultados, así como la apariencia de lejanía de las acciones, inducen a la gente a perder el interés por los problemas políticos o su argumentación. A falta de pruebas directas de éxito o de fracaso, el votante tiende a elegir no aquellos políticos cuyas medidas tienen más posibilidades de tener éxito, sino a los que son más hábiles para «vender» su propaganda. Sin comprender las cadenas lógicas de deducción, el votante medio nunca será capaz de descubrir los errores del dirigente. Así, supongamos que el gobierno aumenta la oferta monetaria, causando una inevitable alza en los precios. El gobierno puede acusar de esta subida a los malvados especuladores o a los mercados negros extranjeros y, salvo que el público sepa de economía, no será capaz de ver las falacias de los argumentos del dirigente. Resulta curioso que aquellos escritores que se quejan de las vilezas y tretas de la publicidad no dirijan sus críticas a la publicidad de las campañas políticas, donde sus acusaciones resultarían relevantes. Como indica Schumpeter: La imagen de la mujer más bella del mundo resulta inútil a largo plazo para mantener las ventas de un mal producto. No hay una protección equivalente en el caso de las decisiones políticas. Muchas decisiones de importancia vital son de tal naturaleza que hace imposible que el público experimente con ellas a su antojo y con un coste moderado. Sin embargo, aunque esto sea posible, en general no es tan sencillo formarse una opinión como en el caso señalado por Schumpeter, porque los efectos son menos fáciles de interpretar. Puede objetarse que, aunque el votante medio puede no ser competente para decidir sobre normas que requieran una cadena de razonamiento praxeológico para decidir sobre ellas, sí es competente para elegir a los expertos —los políticos y burócratas— que decidan sobre esos asuntos, igual que los individuos pueden elegir a sus expertos privados en numerosos asuntos. Pero de lo que se trata es precisamente de que en el gobierno el individuo no puede probar directa y personalmente el éxito o fracaso del experto contratado, como hace en el mercado. En el mercado, los individuos tienden a apoyarse en los expertos cuyos consejos han resultado tener más éxito. Los buenos doctores o abogados cosechan recompensas en el mercado libre, al tiempo que los malos fracasan: los expertos contratados privadamente tienden a florecer en proporción a la habilidad demostrada. En el gobierno, por el contrario, no hay nada que pruebe concretamente el éxito del experto. En ausencia de esa prueba, no hay forma por la que el votante pueda evaluar el verdadero conocimiento del hombre al que debe votar. Esta dificultad se agrava en las elecciones modernas, donde los candidatos están de acuerdo en todos los asuntos fundamentales. Como los asuntos, después de todo, son susceptibles de razonamiento, el votante puede, si así lo desea y tiene capacidad para tal cosa, aprender y decidir sobre ellos. Pero ¿qué puede conocer un votante, incluso el más inteligente, sobre el verdadero conocimiento o la competencia de cada uno de los candidatos, especialmente cuando en las elecciones se esquivan prácticamente todos los asuntos importantes? El votante solamente puede recurrir a lo externo, envoltorio de las «personalidades» o imágenes de los candidatos. El resultado es que, al votar puramente a los candidatos, hace que este sea todavía menos racional que las votaciones en masa sobre los propios asuntos. Además, el propio gobierno contiene mecanismos inherentes que llevan a malas elecciones de expertos y funcionarios. Por una razón: el político y el gobierno reciben sus ingresos, no por un servicio voluntariamente contratado en el mercado, sino por una leva obligatoria en la población. Por lo tanto, esos funcionarios no tienen un incentivo pecuniario para preocuparse por servir adecuada y competentemente al público. Es más: el criterio vital de «aptitud» es muy diferente en el gobierno que en el mercado. En el mercado, los más aptos son los más capaces de servir a los consumidores; en el gobierno, los más aptos son los más dispuestos a ejercer la coerción o los más hábiles en apelar demagógicamente a los votantes. Otra diferencia crítica entre la acción del mercado y la votación democrática es esta: el votante tiene, por ejemplo, solamente una cincuentamillonésima parte del poder de elección de sus futuros gobernantes, que a su vez tomarán decisiones vitales que le afectarán, sin poder de control ni estorbos, hasta la próxima elección. En el mercado, por el contrario, el individuo tiene el poder soberano absoluto para tomar las decisiones que afecten a su persona o propiedad, no un simple y distante cincuentamillonésimo poder. En el mercado el individuo está constantemente manifestando su elección de comprar o no comprar, vender o no vender, en el curso de decisiones absolutas relativas a su propiedad. El votante, al votar a un candidato en particular, solo muestra una preferencia relativa sobre uno o dos potenciales gobernantes, y debe hacerlo en el marco de una regla coercitiva de que, vote o no, uno de esos hombres lo gobernará durante los siguientes años. Así pues, vemos que el libre mercado tiene un mecanismo sencillo y eficiente para convertir la utilidad anticipada ex ante en realizada ex post. El libre mercado también maximiza ex ante la utilidad social. Por el contrario, en la acción política no existe este mecanismo; de hecho, el proceso político conlleva una tendencia a retrasar y desbaratar la realización de cualquier ganancia esperada. Además, la divergencia entre ganancias ex post a través de gobierno y a través del mercado es incluso mayor que esta, pues descubriremos que, en cualquier circunstancia de intervención del gobierno, las consecuencias indirectas serán tales que harán que la intervención aparezca como peor a los ojos de muchos de sus partidarios originales. En resumen, el libre mercado siempre beneficia a todos sus participantes y maximiza la utilidad social ex ante; asimismo tiende a hacerlo ex post, ya que favorece la rápida conversión de anticipaciones en realizaciones. Con la intervención, un grupo gana directamente a expensas de otro y por tanto la utilidad social no puede incrementarse. La consecución de objetivos se bloquea más que facilita y, como veremos, las consecuencias indirectas son tales que muchos de los mismos intervinientes acabarán perdiendo utilidad ex post. El resto de este trabajo se dedica en buena parte a mostrar las consecuencias indirectas de varias formas de intervención gubernamental.



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