Nos gobiernan los gobiernos. El caso de las farmacéuticas.

El acuerdo creado por el Gobierno y la patronal farmacéutica garantiza un
nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca

Spanish Revolution, una página "anticapilatista" de Facebook que, a día de hoy, tiene más de un millón cuatrocientos mil seguidores, comenta la noticia así:

Facebook Spanish Revolution

Los comentarios de los seguidores de la página, todos mega-expertos en economía, son, normalmente, para echarse a temblar. 

Uno de ellos dice lo siguiente:

Veamos:

• 1 -Nos gobiernan los gobiernos y no otros, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, mientras no se demuestre que los políticos que nos gobiernan son complétamente imbéciles, no hay razón alguna para creer que no gobiernan (incluso cuando son sobornados).
• 2- Y el concepto de lobby no es antagónico con la democracia. Todo lo contrario. Es resultado lógico de la democracia y del actual Estado intervencionista.. En cuanto autorizas, democráticamente, a los políticos a legislar sobre asuntos que sólo son de nuestra propia incumbencia individual, inevitablemente surgirán grupos de presión que obtendrán legislación favorable a sus intereses y perjudicial para los consumidores.

Sector muy intervenido. Prohibición de publicidad

Estas cosas pasan, aquí en España, no porque las grandes empresas sean las que de verdad nos gobiernan. Pasan porque la descentralización del sistema autonómico es más fachada que realidad; y fundamentalmente, porque el sector farmacéutico está completamente intervenido por los gobiernos. El sector es  prácticamente socialista. El resultado no puede ser otro: una prolongación política del gobierno. Por eso la gente piensa que nos gobiernan, entre otras grandes empresas, las multinacionales farmacéuticas. No existe mercado libre en lo que respecta a terapias o tratamientos médico/farmacéuticos. Y además, está prohibida su publicidad.

En palabras del profesor Gabriel Calzada: "resulta paradójico que uno de los efectos perversos menos conocidos de este sistema estatista de financiar y dirigir la sanidad es la abolición de uno de los verdaderos derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión en su vertiente de derecho a informar al prójimo. Y es que por totalitario que pueda parecer, en la U.E. existe prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas para las que el estado decide que sólo pueden ser vendidas mediante prescripción médica... Esto mantiene a millones de ciudadanos europeos desinformados sobre las diferencias entre fármacos o la existencia de nuevos y mejores medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades".

"Más derechos inútiles de voto por menos derechos personales decisivos", dijo Escohotado.

Los Estados no se limitan, como deberían, a promulgar las normas básicas para proteger los contratos entre farmacéuticas, médicos y pacientes, y a establecer jueces y tribunales que las apliquen, castigando a quienes comentan fraude (p. ej. manipulando estudios científicos) con resultado de daños sobre terceros. Se ha bloqueado la soberanía del consumidor (el paciente) para crear sus propias asociaciones de control (de modo similar a las primeras agencias de rating en el campo financiero). A cambio, los burócratas han creado sus propios órganos de control de medicamentos y terapias. Los gobiernos han asumido ese control previo, demorando años la autorización para aplicación de nuevas terapias y fármacos, que, encima, no por superar requisitos legales y conseguir la licencia de un grupo de burócratas han de resultar infalibles, sin daños colaterales o plénamente eficaces. Y cuando se da el caso de que no lo son: ¡¡¡póngase usted a pelear en los tribunales de justicia contra quien ha sido y es juez y parte!!!.

Precios

Respecto a los precios, como demuestra el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en la comunidad socialista, en ausencia de mercado, el gobierno no sabe, ni puede saber cual es el importe monetario de tratamientos y fármacos que él mismo ha de autorizar. A los políticos les queda únicamente el procedimiento burocrático sometido a un presupuesto para mantener bajo control la demanda infinita de "sanidad pública"; y en todo caso, movidos por sus propios incentivos e intereses electorales y personales.

Las empresas farmacéuticas no tienen como clientes directos a los pacientes. Su principal cliente es el gobierno. Y, como es natural, puesto que ningún gran empresario ya establecido es ni mucho menos liberal, las empresas intentan sacar la mayor tajada posible de su principal cliente - el gobierno- y no sólo en dinero, sino también en regulaciones contra cualquier futura competencia, como las patentes (monopolios creados por los gobiernos). Las multinacionales farmacéuticas actúan conocedoras de la premisa consistente en que su principal cliente [el gobierno], depende de otros clientes: los destinatarios de los fármacos, es decir, los electores; quienes, a su vez, pueden despedir al gobierno en las próximas elecciones si éste no les proporciona los mejores medicamentos y/o tratamientos conocidos por cualquier medio (de ahí la prohibición de la publicidad directa). Solo una pequeña parte de los fármacos pueden ser ofrecidos directamente al consumidor/paciente sin receta médica, es decir, sin autorización de los agentes [médicos] designados por los gobiernos. Y todos han de ser aprobados por agencias estatales. Éstas deciden qué es y qué no es terapéutico. El gobierno, lo quiera o no, una vez que fármacos y terapias han superado sus propios controles, se convierte en asociado de las compañías farmacéuticas. Enfrentarse judicialmente a una multinacional farmacéutica supone, de facto, enfrentarse a la Administración Pública que aprobó y autorizó su fármaco o terapia; supone un acto titánico, que se dilatatá en el tiempo, y probablemente inutil; algo así, como darse cabezazos contra la pared. El consumidor/paciente, no sólo pierde como aliado a quien habría de proteger sus derechos defendiendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico [un gobierno limitado y tribunales de justicia garantes de los derechos de los ciudadanos], sino que ha de enfrentarse a él, siendo éste, además, juez y parte.

En Occidente, todo esto empezó con la Federal Food, Drug and Cosmetic Act de 1938. En palabras de Dr. Thomas Szasz: "esta ley incapacitaba tanto a pacientes como a médicos para juzgar legítimamente que debería considerarse "terapéutico". Lo que resultaba decisivo, por el contrario, era la ciencia médica de los estatistas. Los burócratas del gobierno se convirtieron en árbitros últimos de qué eran drogas terapéuticas y tratamiento médico legítimo en general. En consecuencia, el paciente perdió su derecho a las drogas tradicionalmente disponibles en el libre mercado; el médico perdió su libertad para tratar a su paciente como juzgara apropiado, sometido tan sólo al consentimiento de éste; y la profesión médica perdió su integridad como organización independiente de los antojos políticos de tribunos populistas"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bonus Track

Hagamos un curioso ejercicio. Voy a reproducir el texto íntegro del artículo de arriba, pero, cambiaré todas las referencias a las "multinacionales farmacéuticas" y en su lugar pondré "gran industria alimentaria", y en lugar de poner "fármacos de marca" y "fármacos genéricos", pondré "alimentos de marca" y "alimentos de marca blanca", o similar (los cambios están en negrita). No obstante, se puede emplear cualquier otro sector, a gusto del consumidor, desde los productores de neumáticos hasta los fabricantes de teléfonos móviles, etc.  En cualquier sector que monopolice el Estado se producirá el mismo problema de precios, la misma escasez, los mismos desequilibrios y el mismo problema de corrupción. Estamos acostumbrados a que el proveedor de sanidad sea el gobierno sin percatarnos que para reivindicar un buen sistema sanitario es condición necesaria mantenerse vivo. Quiere esto decir que la provisión de alimentos es preferente a la provisión de sanidad. Sin embargo en el sector alimentario, la intervención estatal es mucho menor que en el sector sanitario y la gente no reclama, al menos en Europa, su nacionalización. La abundancia de cualquier bien o servicio es inversamente proporcional al grado de intervención estatal en el sector de que se trate.

Texto cambiando sector farmecéutico por sector alimentario:

El Gobierno obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal alimentaria que, a la postre, actúa como blindaje de los alimentos de marca y freno para los más económicos alimentos de marca blanca. Sin firma no hay fondos para sostener los servicios autonómicos.

El Ministerio de Hacienda introdujo este nuevo requisito obligatorio para autorizar los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para 2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. El convenio promovido por Hacienda y el Mº de Agricultura y Alimentación garantiza un nivel de gasto público anual en productos de la Gran Industria Alimentaria. Un traje a medida de las  empresas de alimentación incluidas en esta patronal.

Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo autorice los fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías gastan en estos alimentos de marca menos que el crecimiento del PIB, las comunidades autónomas deben compensar a las empresas. Si es al revés, debería ser la industria alimentaria los que compensaran. De esta manera el mensaje es "gasta en estos productos porque si vas a otras alternativas serás penalizado", explican algunos de los departamentos afectados.

Se focaliza así la inversión en un sector. Este documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de la gran industria alimentaria, cuentan desde las consejerías.

Aunque el acuerdo recoge literalmente que "se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen", es decir, deja patente su carácter voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación "para los dos primeros trimestres de 2017", según explicó Hacienda.  

Carmen Montón, consejera de Alimentación valenciana –una de las administraciones incluidas– resume que esta obligación "pone entre la espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación".

El bloqueo

¿Por qué se convierte en definitiva en un bloqueo para los genéricos de marca blanca? Si una administración alimentaria opta por tratamientos a base de genéricos (alimentos equivalentes con las mismas propiedades, pero ya libres de patentes lo que permite su abaratamiento), esa inversión económica no cuenta para cubrir el compromiso con industria alimentaria por lo que una medida, en principio, de racionalización de gasto público se convertiría en una obligación de compensar a esas empresas por no llegar al nivel comprometido.

Vanessa López, directora de la Organización de la Alimentación por derecho explica que el convenio entre el Gobierno y Agroindustria "está enfocado para mantener el gasto alimentario de productos alimentarios no genéricos de manera constante". Pone el ejemplo de que "el presupuesto público en alimentación ha podido recortarse, pero el de los productos alimentarios de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con nuevos alimentos".

Otras de las quejas de los que han debido entrar en el acuerdo para obtener la financiación que sostenga los servicios autonómicos es que, a la hora de elegir una dieta para un paciente y analizar cuánto cuesta con este producto de marca y cuánto con su equivalente genérico, los números suelen reflejar que el producto de marca hace el tratamiento/dieta más caro. Pero, en no pocas ocasiones, es el que acaba imponiéndose.

El precio de los alimentos

Vanessa Lopez dice que muchos de los alimentos de marca "tienen un precio abusivo que no tienen nada que ver con los costes reales de investigación. No se trata de estar en contra de garantizar un beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%".

Este precio se decide en España de una manera, al menos, poco transparente. Desde luego, es el Gobierno quien ejerce esa potestad para todos los productos que reciben subvención pública mediante la  Comisión Interministerial de Precios de los Alimentos. Este órgano está presidido por el secretario general de Alimentación y su vicepresidente debe ser el director general de la Cartera Básica de Servicios. El resto son representantes del Ministerio de Economía, Hacienda e Industria además de tres enviados de las comunidades. "El precio lo pone el Gobierno y lo pagan las regiones", analiza López.

La extensión de los alimentos genéricos se topa con barreras en diferentes niveles. Este convenio representa una, pero hay más. Al fin y al cabo, el mercado de los alimentos es un nicho de más de xx.xxx mil millones de euros al año en España. Los genéricos solo suponen el 20%, según la patronal de sus empresas productoras.

Su incorporación se ve taponada por la creación de genéricos por parte de los propias industrias de marca, las triquiñuelas para extender los periodos de vigencia de las patentes que dan exclusividad a las empresas productoras de alimentos o incluso el pago a empresas para que no saquen al mercado sus genéricos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está llevando a cabo una investigación, según explicó, para establecer si los productores alimentarios están desarrollando una estrategia en España destinada a bloquear la entrada de los genéricos de marca blanca (y el consecuente abaratamiento de los precios).