Oficina de planificación central |
Los precios
desorbitados de los alquileres, en algunas zonas, son noticia en todos los medios
de comunicación.
- ¡Los
gobiernos deberían hacer algo contra los especuladores!, proclaman esos medios, con amplio apoyo de los ciudadanos.
El caso
es que los gobiernos – municipales, autonómicos y estatales- ya han hecho bastante, pero para empeorarlo
todo. La culpa de los altos precios de la vivienda la tienen los políticos y sus regulaciones.
Desde los supranacionales hasta los municipales, pasando por los estatales y autonómicos.
No se salva ningún nivel. Es culpa de nuestros políticos “planificadores”.
Lo mismo hicieron en el sector eléctrico (déficit de
tarifa, subvenciones a tecnologías renovables antes de que fueran revalidadas
por los consumidores, peajes, pago por emisiones de CO2, impuestos sobre impuestos, etc); total, metieron sus zarpas y la consecuencia es que
tenemos sobrecapacidad instalada y el precio del Kw más alto de Europa.
En el
caso de los alquileres, es obvio que no hay un solo factor causante, pero casi
todos ellos son consecuencia de una cascada de intervenciones de políticos y
burócratas en la economía para intentar corregir los efectos no previstos de intervenciones
previas.
Veamos
los más importantes:
1- En primer lugar, un factor clave que está
detrás del crecimiento de los precios inmobiliarios es la inflación monetaria
(Quantitative Easing, lo llaman). No olvidemos que el planificador BCE está inyectando 80.000 millones de euros mensuales desde hace más de un año, que no
es “moco de pavo”. A medida que aumenta la oferta de dinero, ciertos activos (inmobiliarios) tienen más demanda. Especialmente aquellos utilizados como colateral de los préstamos del Banco Central. Las políticas inflacionarias benefician a los que ya poseen esos activos, los propietarios actuales de bienes inmuebles, a expensas de los inquilinos excluidos de
la vivienda por la inflación de precios de la misma.
2- En
segundo lugar, en España, la creación de la Sareb (El Banco Malo). Engendro de planificación central del
Gobierno Español. Este esperpento financiero, que pierde dinero a cascoporro, constituye una intervención política en la economía
para intentar arreglar intervenciones previas, es decir, para evitar la quiebra
del sistema financiero provocada por la orgía crediticia orquestada por los
gobiernos a través de sus Bancos Centrales. A la Sareb, se le han transferido
todos los "activos tóxicos inmobiliarios" de las Cajas de Ahorro. Esta creación
genuínamente socialista, es producto de una regulación sobre una montaña previa
de regulaciones en materia financiera y monetaria. Se trató, en su día, y se
trata de impedir que el mercado determine, de inmediato, los precios reales de los bienes
inmuebles. Es un intento de retrasar "contáblemente su valoración real. De no haberse creado este Banco Malo - cuyos directivos, por cierto,
cobran un pastizal en su mayor parte a cargo del contribuyente- las quebradas Cajas (y en general todo el
sistema financiero) se habrían visto obligados a liquidar -en su día- sus
activos a precios de mercado para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Es decir, se habría producido a su debido tiempo un descenso brutal en el
precio de los bienes inmuebles, o sea, de las viviendas, de los locales
comerciales, de las naves industriales, oficinas, talleres, suelo, etc.
Políticos y burócratas han retrasado y/o frenado la recuperación económica impidiendo
que los recursos (factores de producción, bienes raíces) se recolocarán cuanto
antes donde eran más urgentemente demandados por los consumidores. Habría
supuesto una importante disminución de los costes empresariales, la liquidación
de empresas zombis y de sus instalaciones, y se habría detenido mucho antes la sangría del desempleo
causada por las malas inversiones ocasionadas por la orgía crediticia previa.
3- En
tercer lugar, la razón principal: la demanda es muy superior a la oferta. No hay suficiente suministro donde más se necesita. En otras
palabras, si la población crece en determinados lugares, la oferta de vivienda
debe crecer también o las rentas de los alquileres subirán. Si bien hay zonas limitadas
geográficamente (no es el caso de Madrid) en las que es complicado aumentar la oferta, un mercado libre
se encarga de solucionar esto con nueva producción inmobiliaria, lo que incluye
tanto la construcción en vertical de nuevas viviendas, como la construcción de nuevas
zonas comerciales, evitando así su excesiva concentración en determinados
núcleos urbanos (geográficamente limitados). Pero aquí intervienen también
nuestros queridos planificadores políticos, metiendo sus zarpas regulatorias.
3.1- Obstaculización Política. La cuestión funciona así: no es el mercado quien decide qué, cómo y donde construir en aquellos lugares donde no esté prohibido. Aquí la cosa funciona al revés: no se puede construir en ningún sitio excepto donde un político o burócrata lo autorice mediante oportuna licencia urbanística. Resultado: caldo de cultivo idóneo para la corrupción y, sobre todo, para restringir la oferta.
3.1- Obstaculización Política. La cuestión funciona así: no es el mercado quien decide qué, cómo y donde construir en aquellos lugares donde no esté prohibido. Aquí la cosa funciona al revés: no se puede construir en ningún sitio excepto donde un político o burócrata lo autorice mediante oportuna licencia urbanística. Resultado: caldo de cultivo idóneo para la corrupción y, sobre todo, para restringir la oferta.
Juan Ramón Rallo
En un mercado libre, si las rentas suben, los promotores responderán con la
construcción de más vivienda u otro tipo de construcciones (centros
comerciales, parques tecnológicos o industriales, naves, talleres, oficinas, etc) allí donde más se necesita. En zonas
geográficamente limitadas se podría construir hacia arriba al tiempo que se
proyectan nuevos centros de trabajo y comerciales (con viviendas) en otras zonas,
quizás cercanas o quizás no tanto. Y las rentas caerán, tanto en las nuevas
zonas habilitadas como en las que previamente estaban saturadas, a medida que
aumente la oferta. Entretanto, en respuesta al aumento de los alquileres, los
propietarios actuales pueden – y lo intentan- convertir sus hogares actuales o
parte de ellos en casas de huéspedes; o también se podrían habilitar bajos, garajes,
viviendas prefabricadas; o bien los empleadores podrían habilitar construcciones exclusivas para sus empleados y profesionales … etc.
3.2- Hay muchas formas de ampliar la oferta. Cuanta más disponibilidad de vivienda alternativa, más presión a la baja se ejercerá en el resto de la oferta. Pero casi todo esto está prohibido. La vivienda es probablemente el sector más regulado e intervenido después del sector de producción de moneda (es decir, el sector financiero). No existe un libre mercado en cuestiones inmobiliarias. La ley del suelo, los reglamentos y códigos prohíben construir excepto donde lo autorice un burócrata.
3.3- Los ayuntamientos conceden licencias y recalifican y éstos, junto a las comunidades autónomas, aprueban los PGOU (plan general de ordenación urbana). El PGOU es la herramienta principal de planificación central municipal. A través de este sistema intentan satisfacer las necesidades de los consumidores. Pero resulta que no lo consiguen. Lo que sí consiguen es financiarse ellos mismos especulando con las recalificaciones y las licencias. Hay una inmensa diversidad de inquilinos, de propietarios de viviendas y suelo, de lugares, de barrios, de urbanizaciones, de centros comerciales y de trabajo. Los dueños de las propiedades intentarán construir viviendas donde crean que van a satisfacer mejor los deseos del mercado. Y los consumidores se moverán donde la vivienda se adapte mejor a su estilo de vida deseado. Los planificadores de la ciudad, nuestros “sabios” políticos, al igual que ocurrió con el sector eléctrico y con otros muchos sectores (por ejemplo el financiero donde crearon los Bancos Centrales) creen que pueden entender todo esto antes de tiempo, antes de que ocurra y para ello utilizan herramientas de planificación como el PGOU. Pero ellos no pueden. El problema es que nos han hecho creer que sí, y culpan del estado de cosas que ellos mismos han provocado, a los especuladores, al mercado, al capitalismo ... y a los “poderes no elegidos”. Y cuela.
Los salarios en Ibiza (incluidos los salarios en especie) se ajustan, al alza, al resto de los precios |
3.2- Hay muchas formas de ampliar la oferta. Cuanta más disponibilidad de vivienda alternativa, más presión a la baja se ejercerá en el resto de la oferta. Pero casi todo esto está prohibido. La vivienda es probablemente el sector más regulado e intervenido después del sector de producción de moneda (es decir, el sector financiero). No existe un libre mercado en cuestiones inmobiliarias. La ley del suelo, los reglamentos y códigos prohíben construir excepto donde lo autorice un burócrata.
3.3- Los ayuntamientos conceden licencias y recalifican y éstos, junto a las comunidades autónomas, aprueban los PGOU (plan general de ordenación urbana). El PGOU es la herramienta principal de planificación central municipal. A través de este sistema intentan satisfacer las necesidades de los consumidores. Pero resulta que no lo consiguen. Lo que sí consiguen es financiarse ellos mismos especulando con las recalificaciones y las licencias. Hay una inmensa diversidad de inquilinos, de propietarios de viviendas y suelo, de lugares, de barrios, de urbanizaciones, de centros comerciales y de trabajo. Los dueños de las propiedades intentarán construir viviendas donde crean que van a satisfacer mejor los deseos del mercado. Y los consumidores se moverán donde la vivienda se adapte mejor a su estilo de vida deseado. Los planificadores de la ciudad, nuestros “sabios” políticos, al igual que ocurrió con el sector eléctrico y con otros muchos sectores (por ejemplo el financiero donde crearon los Bancos Centrales) creen que pueden entender todo esto antes de tiempo, antes de que ocurra y para ello utilizan herramientas de planificación como el PGOU. Pero ellos no pueden. El problema es que nos han hecho creer que sí, y culpan del estado de cosas que ellos mismos han provocado, a los especuladores, al mercado, al capitalismo ... y a los “poderes no elegidos”. Y cuela.
4- Contradicciones ideológicas. Es
paradójico además, que muchos residentes, que forman asociaciones para impedir
cualquier aumento de la densidad de viviendas, son los mismos que reclaman al
gobierno –municipal, autonómico o central- políticas para que la vivienda sea
más asequible.
5- Todo puede empeorar. Por último, si estamos viendo que la cascada de intervenciones provoca escasez en la oferta de vivienda en alquiler, además de conservar lo malo de otros tiempos, todo puede empeorar con sucesivas intervenciones de nuestros sabios planificadores:
- La ley de arrendamientos urbanos, los dilatadísimos procesos judiciales hasta llegar al desahucio cuando se produce el incumplimiento del contrato por parte del inquilino son causa de escasez en la oferta, pero todo puede empeorar si se reforma esta ley en sentido equivocado: estableciendo precios máximos o nuevas trabas a la libertad contractual entre arrendador e inquilino (pretendiendo favorecer a los actuales pero en perjuicio de los futuros inquilinos). Los pocos propietarios que queden, tratando de protegerse de las nuevas regulaciones, ofertarán sus viviendas con clausulas más onerosas para los futuros inquilinos.
- Precios máximos. Una de las formas de destruir una ciudad es bombardeándola, otra es estableciendo precios máximos en el sector inmobiliario. Las últimas intervenciones que estamos viendo de algunos gobiernos municipales ya van en este sentido, estableciendo el control de precios. Las prohibiciones y las licencias para alquilar constituyen además de un ataque contra la propiedad privada y la libertad individual. Esta limitación en los precios de los alquileres es causa directa de la reducción de la oferta.
- El estimulo a las delaciones entre vecinos, de aquellos que tengan pisos alquilados sin licencia, las inspecciones puerta a puerta, o...
- ... lo que es peor: ataque directo contra el derecho de propiedad. Control de precios igual a escasez (disminución de la oferta). Esto es impepinable; lo que obligará al gobernante a recular o bien a ir más allá: hacia la eliminación progresiva del contenido del derecho de propiedad, mediante impuestos o tasas confiscatorias, regulaciones abusivas, obligando, por ejemplo, a alquilar a determinados colectivos u ofertando obligatoriamente la vivienda a la administración publica, estableciendo, además, sanciones estratosféricas, encubriendo expropiaciones de facto. Se destruirá por completo el mercado del alquiler y políticos y burócratas tendrán que ir contra el mercado de compra-venta, que a su vez será destruído, mediante expropiaciones y desaparición de la nueva construcción.
- Para rematar, noticias como esta: “Nace un sindicato de inquilinos en Barcelona que aboga por impagar los alquileres”: es decir, la posibilidad real - en este país- de que la ley permita a un grupo de personas lo que de ninguna manera se le permite a un solo inquilino...
En fin, como decimos, todo ello le puede dar la puntilla al sector para que se desplome por completo la oferta de alquileres y se disparen aún más los precios de los pocos que queden legales en determinadas zonas; además de proporcionar un "bonito marco incomparable" para la aparición de mercados negros, mafias, y por último, un control total estatal de las viviendas que derive en la degradación absoluta de núcleos urbanos. Torres más altas han caído.
Lo dicho, para los destruccionistas, la culpa siempre será de los especuladores, del mercado, del capitalismo, de los “poderes no elegidos” .... etc, etc, etc. No se percatan de que para llevar hasta el límite este tipo de medidas contra la propiedad privada, es decir, contra la naturaleza humana, tienen que llegar al poder los peores, hambrientos de poder, psicópatas indeseables disfrazados de profetas del bien común.
2 comentarios:
En general bastante cierto, "si quieres disparar los precios del alquiler... interviene el mercado del alquiler...".
Como liberal y arquitecto, no veo lo de el suelo libre "construya donde quiera...", quien garantiza acceso rodado a la urbanización??, quien pone redes de alcantarillado y abastecimiento públicas?? escuelas??, y si no llegan las carreteras??, y si no llega el agua potable??... repito, soy liberal pero no es tan fácil, no es solo "edificar" es hacer "ciudad" y eso es algo mucho más complejo y si, necesita planificación, si bien es cierto que el urbanismo de hoy día es UN FRACASO Y UNA ORGÍA BUROCRÁTICA.
Pongale una multa a un ayto. O funcionario que tarde mas de 3 meses en contestar una licencia de obras, VERÁ QUE CAMBIO...
Hola Juan Antonio. Gracias por tu aporte.
En el artículo no menciono nada de … “suelo libre, construya donde quiera”. Lo que digo es que, al menos, los propietarios deberían poder construir donde no esté prohibido, para, de ese modo, evitar la discrecionalidad del político/burócrata, justo al revés de cómo es ahora. Lo que planteas es interesante, aunque demasiado complicado para dar un respuesta completa aquí. De todas formas haré un esbozo. Imagina un hotel de esos que tienen bungalows en plena naturaleza. Pongamos que son 100 o 200 bungalows. El hotel, por ejemplo, tiene varias hectáreas, con su calles, aceras, alumbrado, alcantarillado, instalaciones deportivas, restaurantes, salones de actos y reuniones, un edificio central con tiendas …. etc. El hotel tiene un propietario (o varios) que alquila los bungalows y las tiendas, y a cambio el propietario se encarga del mantenimiento de todos los servicios (y en su día se encargó de su construcción). El propietario establece también las normas privadas de convivencia. Bien pues, del mismo modo, la propiedad de todas las instalaciones puede dividirse entre los propietarios de los bungalows, es decir, todo el conjunto puede constituirse como una propiedad privada comunal. Y sería por tanto, la asociación de propietarios los que decidan todo sobre los asuntos comunes, incluidos qué servicios comunes deben prestarse y cómo debe pagarse por ellos (cuota por propietario, cuota por residente, cuota por metro cuadrado de propiedad individual, cuota por valor catastral, etc.).. Esta propiedad podría, a su vez, asociarse voluntariamente (y desasociarse) con otra propiedad privada comunal limítrofe para producir aquellos bienes de naturaleza colectiva cuyo tamaño trascendiera al de la comunidad inicial. Asimismo, los municipios podrían constituir consorcios o mancomunidades… etc. El problema sería pasar a esto desde una situación como la actual, pero no me extiendo más. Hay autores que han escrito sobre esta materia. Te recomiendo el capítulo 2 de la segunda parte de “Una Revolución Liberal” de Juan Ramón Rallo.
Saludos.
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