sábado, 10 de mayo de 2025

POLÍTICA, CIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO, UNA DISTINCIÓN NECESARIA (EL GRAN APAGÓN)



Estos días, después del gran apagón, científicos conocidos por sus posturas decrecentistas (no diré nombres aquí), insisten en advertir sobre la necesidad de transformar los sistemas energéticos para contrarrestar los impactos del cambio climático. (Algunos han calificado de "codiciosas" las acciones -previas al apagón- de las grandes energéticas). Muchos físicos comparten este diagnóstico científico sobre el calentamiento global (ahora cambio climático) y el rol humano en este fenómeno. Sin embargo, aceptar la ciencia no implica respaldar las propuestas políticas de estos científicos (tales como el cierre de centrales nucleares, la eliminación progresiva de las centrales de ciclo combinado o, incluso, la disminución del consumo energético). Estas medidas son programas específicos de políticas estatales, no hechos científicos. Ciencia y política son ámbitos distintos, y confundirlos puede llevar a decisiones costosas, ineficaces y/o traumáticas.

Una analogía ilustra esta distinción. La ciencia demuestra que la obesidad es perjudicial para la salud. Supongamos que, ante el aumento de la obesidad, políticos firman una "Agenda contra la Obesidad", afirmando que su cumplimiento evitará una crisis sanitaria global. ¿Implica esto que quienes no firmen la Agenda niegan la existencia de la obesidad? No. Los disidentes podrían argumentar que la Agenda no reduce efectivamente la obesidad, que sus costos superan los beneficios o que las medidas propuestas son peores que el problema. Su oposición se centra en la política, no en la ciencia.

Lo mismo aplica a las agendas climáticas que imponen medidas coercitivas, como gravámenes tributarios confiscatorios para desincentivar ciertas formas de producción energética o la promoción agresiva de fuentes renovables inestables. Quienes rechazan estas políticas no necesariamente niegan el cambio climático. Más bien, cuestionan las soluciones propuestas, que podrían generar mayores costos sociales y económicos que el propio problema. El "gran apagón" del 28 de abril de 2025 en España es un ejemplo reciente: la dependencia excesiva de fuentes renovables intermitentes, combinada con una transición energética mal planificada, dejó a millones de personas y empresas sin electricidad, evidenciando los riesgos de políticas que priorizan metas climáticas sobre la estabilidad del sistema energético.

Para científicos que no son expertos en economía ni en instituciones políticas, las políticas públicas parecen soluciones mágicas o, en todo caso, ineludibles: un grupo de líderes acuerda resolver el cambio climático, y el problema desaparece si todos apoyan la "solución". Pero, ¿qué ocurre si estas políticas son erróneas o si sus costos superan los beneficios? Una agenda climática efectiva debe cumplir cinco requisitos*: 1- Basarse en ciencia sólida sobre el clima. 2- Predecir con precisión los impactos del cambio climático en los niveles de vida. 3- Proponer políticas públicas que mitiguen los efectos negativos sin desestabilizar la economía, como ocurrió en el apagón español de abril de 2025. 4- Demostrar que estas políticas reducen significativamente los impactos del cambio climático, más allá de cambios marginales como una décima de grado en la temperatura global. 5- Probar que los costos de las políticas son menores que los daños del cambio climático.
Si una agenda no cumple estos criterios, debe ser rechazada. Sin hacer ningún juicio científico en sí, al mirar las medidas estatales propuestas, simplemente podríamos afirmar que serían fácilmente rechazadas en base a los puntos dos, tres, cuatro y cinco de nuestra lista. Si su efecto neto es empobrecer a la población o reducir el acceso a recursos esenciales, la agenda carece de valor. Las agendas climáticas actuales, sin embargo, suelen basarse en predicciones especulativas sobre la economía global a décadas vista, un ejercicio notoriamente impreciso. Ignoran los costos reales de la transición energética, como el aumento de los precios de la energía, que afecta desproporcionadamente a los hogares pobres y a las clases trabajadoras. El apagón de 2025 en España demostró cómo la inestabilidad de un sistema dependiente de energía solar y eólica, sin un respaldo adecuado, puede paralizar un país.
Estas agendas tampoco consideran los costos de oportunidad. Al priorizar energías más costosas y menos confiables, se frena el crecimiento económico, se reduce la riqueza de los hogares y, además, se limitan los ingresos fiscales. Esto implica menos recursos para sectores críticos como la salud, la educación o la agricultura. Al mismo tiempo, muchas agendas climáticas exigen una redistribución masiva de recursos a través de controles estatales, lo que incrementa el intervencionismo, aumentando el gasto público mientras se reduce la capacidad de financiarlo. Este enfoque es contradictorio y potencialmente autodestructivo.

Además, resulta difícil no señalar lo paradójico —incluso ridículo— que es, desde un país pequeño como España, aplicar por ley prohibiciones energéticas tan estrictas (como el cierre de las nucleares, el veto al fracking, la extracción de uranio o el uso de carbón), mientras potencias como Estados Unidos, China o India explotan sin tapujos todas las fuentes de energía disponibles. Estos países combinan renovables con producción masiva de gas, carbón y energía nuclear, priorizando la seguridad energética, la competitividad y el crecimiento económico. Pretender que España lidere unilateralmente una “transición ejemplar” desconectada del contexto internacional no solo revela de sus gobernantes un preocupante complejo de superioridad moral, sino también una desconexión total con la realidad geopolítica y económica. El resultado no es una transformación global del sistema energético, sino un encarecimiento de la energía, una desindustrialización acelerada y un empobrecimiento relativo frente a países que sí protegen sus intereses estratégicos.

En conclusión, aceptar la ciencia del cambio climático no obliga a respaldar agendas políticas específicas. La disidencia frente a estas agendas no equivale a negar el problema, sino a cuestionar soluciones que podrían ser ineficaces o perjudiciales. El gran apagón de 2025 en España es un recordatorio de que las políticas climáticas deben ser rigurosamente evaluadas por sus impactos económicos y sociales, no adoptadas ciegamente en nombre de la ciencia. Las soluciones al cambio climático deben mejorar los niveles de vida, no sacrificarlos.





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By Txus Alonso (Kaialde)
*Siguiendo al profesor Ryan McMaken

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